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(Sanc. 27/IX/1900; prom. 6/X/1900)

Art. 1.- (Según ley 11.634) Los tribunales federales y los jueces letrados de los territorios nacionales, conocerán de las acciones civiles que se deduzcan contra la Nación, sea en su carácter de persona jurídica o de persona de derecho público, sin necesidad de autorización previa legislativa; pero no podrán darles curso sin que se acredite haber producido la reclamación del derecho controvertido ante el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de éste.

Art. 3.- La demanda se comunicará por oficio al Poder Ejecutivo, por conducto del ministerio respectivo, y al procurador fiscal, el cual deberá proceder previa consulta y con sujeción a las instrucciones que le trasmita dicho ministerio.

Art. 4.- El término para contestar será de treinta días, y el mayor que corresponda según las distancias, con arreglo a las leyes vigentes, si la demanda se dedujera fuera del territorio de la Capital de la República.

Dentro de igual término se deducirán las excepciones dilatorias que correspondan.

Si se interpusieran éstas, el término para contestar la demanda, una vez resueltas, será de quince días.

Art. 5.- La Suprema Corte conocerá de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones definitivas de los jueces en los casos a que se refiere la presente ley, según el procedimiento señalado para la tramitación de las apelaciones concedidas libremente.

Art. 6.- Los jueces letrados de los territorios nacionales elevarán en consulta, ante la Suprema Corte, aun cuando no se interponga apelación, todas las sentencias definitivas que pronuncien en los casos comprendidos en la presente ley.

Art. 7.- Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda.

Art. 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.